Desde que Felipe Calderón decidió ocupar al ejército en tareas que no les son propias, las denuncias contra los miembros de esta institución no han dejado de presentarse. La última acción violatoria de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y documentada por la presa fue apenas el lunes 5 de abril, cuando elementos castrenses dispararon contra una camioneta en la que viajaban dos familias con sus hijos pequeños. El saldo fue de dos niños muertos y los padres heridos. Según un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los últimos 5 años las quejas contra elementos del ejército por violación a los derechos humanos han aumentado en un 500 por ciento. Los pros y contras de tener al ejército haciendo actividades de policía se han escrito en muchos medios. La necedad del gobierno federal se ha impuesto. Y los hechos los tenemos a la vista. ¿No será mejor que se busquen otras soluciones para enfrentar al problema del narcotráfico? ¿Es necesaria y/o suficiente una estrategia como la actual? Podemos decir que ya es hora de que nos tomen en cuenta a los ciudadanos comunes y corrientes. Pero el problema es que tampoco hacemos nada para que se nos tome en cuenta. La capital del país todavía se ha salvado de situaciones como las que se viven en la frontera o en Guerrero o en Sinaloa o en Michoacán. La geografía delictiva se está desplazando del norte y el sur al centro de la república. Lo que viven los ciudadanos en Reynosa, Ciudad Juárez, Nuevo León o las tantas ciudades que se ven afectadas por la guerra entre el narco, las bandas de sicarios y el ejército federal es posible que no tarde en llegar al Distrito Federal. Si en nuestras manos estuviera la posibilidad de actuar, ¿qué haríamos?
Héctor García Montiel
hegarmon@yahoo.com
08/04/2010
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